El fiscal instructor: ¿y si usted acierta?
España quiere entregar al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación penal. Pero antes de cambiar el sistema quizá convenga mirar cómo funciona en la práctica. Una fotografía, una polémica y una pregunta incómoda: ¿y si usted acierta?

EL FISCAL INSTRUCTOR: ¿Y SI USTED ACIERTA?
España se prepara para un cambio profundo en su Justicia penal: que sea el fiscal, y no el juez, quien dirija la investigación. Sobre el papel, un modelo moderno y utilizado en Europa. En la práctica, quizá convenga mirar primero cómo funciona nuestra Fiscalía antes de darle todavía más poder.
La reciente polémica de Ceuta ofrece una buena oportunidad. El asunto había correspondido por turno al fiscal José Perals, que había manifestado un criterio favorable a que la Audiencia Nacional investigara los hechos. Posteriormente, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, decidió asumirlo personalmente por su «singularidad y trascendencia».
Y lo del turno no es un detalle menor. El reparto previo y objetivo de los asuntos existe precisamente para evitar que pueda elegirse quién interviene en un caso concreto. Es una regla aparentemente administrativa, pero protege algo mucho más importante: que el fiscal no se elija después de conocer el asunto, sus protagonistas o sus consecuencias.
Por eso, cuando un asunto ya asignado por turno pasa a ser asumido personalmente por un superior jerárquico, aunque pueda existir cobertura legal para hacerlo, la pregunta resulta inevitable: ¿para qué queremos reglas objetivas de reparto si pueden alterarse precisamente cuando aparece un caso de especial trascendencia?
Y atención: todavía no estamos hablando del futuro fiscal instructor. Afortunadamente, la investigación continúa en manos de una jueza independiente.
Pero antes de seguir, hagamos un pequeño ejercicio.
La fotografía que encabeza el artículo puede estar sacada de contexto, ser partidista o incluso malintencionada. No demuestra por sí sola la falta de imparcialidad de nadie.
Pero mírela y conteste para usted: ¿Cree que podría anticipar cuál será la actuación de este fiscal ante un asunto políticamente sensible? No responda todavía. Haga su pronóstico. Guarde su respuesta.
Porque el verdadero problema no sería que usted tuviera una impresión. El problema sería que acertara.
Si en asuntos políticamente sensibles los ciudadanos pudieran anticipar de forma reiterada determinadas actuaciones atendiendo a quién ocupa un cargo, quién lo nombró, quién es su superior o cuáles son sus relaciones institucionales, dejaríamos de hablar de un simple problema de imagen. Estaríamos ante algo mucho más serio: un sistema previsible por colores.
Y precisamente ahora queremos entregar a la Fiscalía la dirección de la investigación penal.
LA EXTRAÑA PARADOJA: QUITAR AL JUEZ… JUDICIALIZANDO AL FISCAL
Aquí aparece una contradicción difícil de ignorar. El fiscal no es un juez. El Ministerio Fiscal se organiza constitucionalmente conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y, además, el fiscal puede terminar ejerciendo la acusación.
Por eso, cuando se plantean objeciones al fiscal instructor, la respuesta suele ser reforzar sus garantías: mayor autonomía, protección frente a instrucciones, límites a su sustitución, estabilidad en el procedimiento, controles sobre la avocación y mayor independencia frente al poder político y frente a su propia jerarquía. Son precisamente garantías reclamadas desde la propia Carrera Fiscal antes de asumir la investigación penal.
Perfecto.
Pero hagámonos entonces otra pregunta: Si para quitar la investigación al juez necesitamos convertir al fiscal en una figura independiente, estable, protegida frente a sus superiores, ajena a instrucciones particulares y sometida a fuertes garantías de imparcialidad, ¿no estamos judicializando al fiscal para poder eliminar al juez instructor? Ésa es la paradoja.
Si mantenemos al fiscal dentro de una estructura fuertemente jerarquizada, entregamos la dirección de la investigación a una institución que posteriormente puede acusar. Pero si lo blindamos hasta hacerlo verdaderamente independiente e inamovible en cada investigación, terminamos reconstruyendo muchas de las garantías que ya tenía el juez al que pretendíamos sustituir. Entonces, ¿qué estamos arreglando?
EUROPA DEBERÍA MIRAR LA REALIDAD, NO SÓLO LA LEY
El Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal continúa actualmente su tramitación parlamentaria. El nuevo modelo pretende atribuir la investigación al Ministerio Fiscal y reservar al juez funciones de garantía y control.
Pero que un modelo funcione en otros países europeos no significa automáticamente que vaya a funcionar igual en España. Las instituciones no funcionan en los manuales. Funcionan en el mundo real. Con nombramientos, jerarquías, relaciones de poder, sustituciones, instrucciones y asuntos que, algunas veces, afectan precisamente a quienes gobiernan o aspiran a gobernar.
Por eso Europa debería analizar la reforma española no sólo desde un punto de vista teórico, sino también desde su funcionamiento práctico. Observar qué ocurre hoy en los asuntos políticamente sensibles, cuando todavía existe un juez independiente dirigiendo la investigación, y preguntarse después:
Si esto ocurre ahora, ¿qué puede ocurrir cuando sea la propia Fiscalía quien dirija la investigación? Ésa debería ser la verdadera prueba de estrés.
Porque podemos crear fiscales investigadores, jueces de garantías, nuevas estructuras y procedimientos. Podemos gastar millones reorganizando la Justicia y presentar un modelo aparentemente más moderno. Pero si algún día el ciudadano pudiera anticipar correctamente la actuación de quien investiga dependiendo de quién sea el investigado, habríamos conseguido algo difícil de explicar ante Europa y ante nosotros mismos:
Una Justicia teatralizada y absurda: nuevas estructuras, nuevos procedimientos y millones de euros para escenificar unas garantías que, si el resultado pudiera anticiparse de antemano, quedarían vacías de contenido. Una costosa pantomima institucional.
Por eso, antes de decidir definitivamente quién debe investigar, quizá deberíamos garantizar algo bastante más elemental: que quien investigue al poder sea verdaderamente independiente del poder.
Y ahora vuelva a mirar la fotografía. No prejuzgue. No condene. No dé nada por supuesto. Simplemente hágase una pregunta: ¿Cuál sería su pronóstico?
Pedro Alcalá
GESINDER · Análisis y opinión

